Julieta Campo exige la ejecución del Fondo Hídrico paralizado y la declaración de Emergencia para el NEA
La diputada nacional por Chaco presentó un proyecto de ley que declara zona de desastre por un año para las localidades afectadas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. La iniciativa contempla un fondo de asistencia alimentaria y sanitaria, refuerzos para las familias damnificadas y medidas para la recuperación de la producción y traslado de ganado.
En el marco de las inundaciones y las crecidas extraordinarias de los ríos Paraná y Paraguay, asociadas al fenómeno El Niño, la diputada nacional Julieta Campo presentó un proyecto de ley de para declarar la emergencia hídrica, social, sanitaria, alimentaria y productiva en las zonas afectadas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. La iniciativa comprende a los departamentos, municipios y localidades ribereñas alcanzados por los eventos registrados desde inicios de octubre, por un plazo de 365 días. El proyecto prevé que las áreas comprendidas sean delimitadas en coordinación con las provincias y sobre la base de informes de organismos técnicos nacionales y provinciales. Mientras se completa ese procedimiento, quedarán incluidas las localidades que presenten registros de personas evacuadas en los partes oficiales.
“Nosotros formamos parte de la oposición pero queremos construir respuestas para la gente que hoy está sufriendo las consecuencias del fenómeno climático El Niño. Porque llega la inundación y no pregunta de qué partido sos”, señalaron desde la banca peronista. La iniciativa tiene como uno de los ejes centrales la creación del Fondo de Asistencia Alimentaria y Sanitaria para la Emergencia Hídrica (FAASEH), destinado a garantizar alimentos, agua potable, medicamentos, vacunas y atención sanitaria para la población afectada. El mecanismo contempla recursos para la prevención de enfermedades, la atención materno-infantil y de salud mental, los traslados sanitarios y el funcionamiento de los centros de evacuación. El financiamiento se realizará mediante la de créditos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro., con criterios que impiden recortar recursos destinados a salud, educación, asistencia social y agua potable, así como las transferencias a provincias y municipios. La distribución será automática y mensual, en proporción a la cantidad de personas damnificadas en cada jurisdicción, con pautas objetivas también para la asignación de Aportes del Tesoro Nacional vinculados con la emergencia.
“A mí lo que me preocupa es que Zdero esté siendo blandito con los porteños y duro con los chaqueños, porque en realidad él debería plantarse con el gobierno nacional y exigirle que cumpla con el Fondo de Infraestructura Hídrica que es lo que no está sucediendo; Necesitamos que lo haga porque él no es gobernador de la libertad avanza él es gobernador de los chaqueños y tiene que responder para los chaqueños”, afirmó Campo. La propuesta también incluye medidas de asistencia directa para las familias que sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Establece suplementos extraordinarios equivalentes a una prestación mensual durante tres meses para titulares damnificados de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y prestaciones alimentarias nacionales, además de suspender los descuentos por créditos otorgados por la ANSES durante la emergencia. En materia tributaria, prevé prórrogas de vencimientos, planes especiales de pago sin intereses y la suspensión de nuevas ejecuciones fiscales y medidas cautelares contra las personas damnificadas. Para acceder a los beneficios, crea un Registro Único de Damnificados cuyo certificado permitirá acreditar esa condición, sin perjuicio de los requisitos específicos de cada prestación.
El proyecto de Julieta Campo incorpora, además, medidas para sostener la actividad agropecuaria y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Prevé declarar la emergencia o el desastre agropecuario en las explotaciones comprendidas, establecer un régimen simplificado y gratuito para trasladar ganado desde áreas cubiertas por el agua y priorizar obras en defensas costeras, terraplenes, estaciones de bombeo, desagües, viviendas e infraestructura urbana y rural. También invita a las provincias a adherir a la ley y disponer, dentro de sus competencias, la suspensión de la facturación y la prohibición de cortes de los servicios de electricidad y agua potable en las zonas alcanzadas. Finalmente, establece la publicación trimestral de los recursos asignados y ejecutados, junto con informes al Congreso cada 90 días sobre la evolución de la emergencia y las medidas adoptadas.
