Escribe Aldo Leiva, diputado nacional por Chaco –
El año anterior me expresaba en relación a la muy luctuosa causa “CECILIA STRZYZOWSKI” indicando en que en la misma se conjugaba el horror, el honor y el compromiso. En estos días, azorado, debo adicionar un elementos más, la “utilización”.
Recientemente hubo de difundirse por medios de expresión periodística de la provincia del Chaco una noticia con profundo impacto político institucional en relación a un suceso que atentaría contra los mismos cimientos del sistema republicano de Gobierno.
Sabido es que la Constitución Nacional dispuso para el Gobierno el sistema, a más de Representativo y Federal, Republicano; el mismo reclama la división de poderes, así como la racionalidad y debida fundamentación de los actos de gobierno entre otros extremos de raigambre constitucional. La división de Poderes obedece, conforme las enseñanzas de Montesquieu, a la conveniencia de control entre los mismos evitando los desbordes del alguno de ellos.
En la Provincia del Chaco, y en cuanto ocupa al presente pensamiento, conforme información periodística hubo de difundirse mensajes de textos correspondientes a una conversación que habría acaecido entre el Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chaco y un abogado asesor del gobierno provincial en el que éste último agradecía al alto funcionario de la provincia su colaboración en el armado de causa penales contra ciudadanos locales. Lo indicado, por sí mismo, se traduce en un supuesto de gravedad institucional.
El que cobra aún mayor dimensión en tanto se contextualice el suceso; ello así por cuanto el actual ministro de la cartera de gobierno y justicia de la provincia hasta el año próximo pasado se desempeñaba como Fiscal de Cámara, haciéndolo entre otros en el resonado caso policial que fuera conocido periodísticamente como el “caso Cecilia”, en el que el abogado –y actual asesor del gobierno- en cuestión se desempeñaba en el rol de apoderado de la querellante particular.
Ambos sujetos que, conforme los mensajes de textos difundidos armarían causas penales, cumplieron, tal lo antes indicado, roles acusadores en el mencionado sucedo de trascendencia no solo policial sino con implicancia política, y ambos a la fecha prestan servicios en la reciente gestión gubernamental de la provincia del Chaco con posible intromisión institucional en el Poder Judicial y Ministerio Público.
Llama poderosamente la atención que, desde la asunción de las nuevas autoridades provinciales, la triste causa del homicidio que tuviera como víctima a una joven vida de la provincia entrara en un absoluto estancamiento. El espíritu de las víctimas de los hechos aberrantes merece la elevada consideración que en la memoria colectiva instalen a través de la verdad una barrera que impida hechos similares y no la vil utilización malintencionada de causas concretadas por los aparatos de poder.